El Gobierno de Córdoba formalizó este lunes la implementación de un sistema destinado a recuperar los gastos generados por amenazas, hechos de violencia y conductas de riesgo en establecimientos educativos. La medida quedó vigente tras la publicación en el Boletín Oficial del protocolo que regula el procedimiento, en el marco de una política que busca resguardar los recursos públicos.

Si bien la iniciativa había sido anticipada días atrás por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, ahora fue oficializada mediante una resolución que aprueba el “Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos”. De este modo, se establece el mecanismo administrativo para reclamar los costos a quienes resulten responsables de este tipo de situaciones.

La normativa apunta a garantizar un uso responsable de los recursos estatales frente a intervenciones que implican el despliegue de operativos policiales, servicios de emergencia y logística especial, con impacto directo en el presupuesto provincial.

Cómo se aplicará el procedimiento

El proceso se activará con la intervención del Ministerio Público Fiscal, que tendrá a su cargo la identificación de los autores del hecho y de los adultos responsables en caso de tratarse de menores.

A partir de allí, se determinarán los costos operativos de cada intervención, se elaborará un expediente con los registros correspondientes y se cuantificarán los gastos afrontados por el Estado. Posteriormente, se intimará al pago en un plazo perentorio de cinco días. En caso de incumplimiento, se dará intervención a la Fiscalía de Estado para avanzar con acciones judiciales de recupero.

El caso de un IPET en Villa Nueva, uno de los más costosos

Dentro del relevamiento policial, un caso ocurrido en Villa Nueva se destaca como uno de los cinco más costosos de toda la provincia. El operativo en la ciudad vecina demandó una inversión de $28.852.893,23, ubicándose en el quinto lugar del ranking de gastos, según detalló El Diario del Centro del País.

Alcance de la medida

El protocolo contempla la posibilidad de reclamar los costos derivados de todos los recursos afectados en cada operativo, incluyendo personal policial, servicios de emergencia, brigadas especiales y medios logísticos.

Con la entrada en vigencia de esta normativa, la Provincia avanza en la implementación de una política orientada a desalentar falsas amenazas y hechos de riesgo en ámbitos escolares, estableciendo que quienes los generen deberán asumir las consecuencias económicas de sus acciones.